A raíz de la denuncia contra el Ministerio desarrollo social por la compra irregular de alimentos el fiscal Guillermo Marijuán a cargo de la investigación ordenó una serie de medidas entre
ellas el allanamiento de una de las empresas involucradas Copacabana S.A.
Hace dos días la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, realizó la denuncia penal por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y eventual negociaciones incompatibles con la función pública. Se pidió que se investiguen las compras en las que se presume se iban a pagar sobreprecios en la compra de alimentos desde el ministerio de Desarrollo Social. La suma comprometida rondaba los $ 547 millones y derivó en la renuncia de quince funcionarios que intervinieron en las resoluciones ministeriales.
“Se entiende que nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, sostiene la denuncia de 111 páginas a la que accedió Clarín.
La causa recayó en el juzgado 12 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y delegó el investigación en el fiscal Guillermo Marijuán quien tras realizar tareas de inteligencia sobre el grupo empresarial denunciado detectó que de una de las empresas se estaba retirando documentación que podría ser Útil para la causa y por ello ordenó un allanamiento. La denuncia penal alcanza no sólo a la cartera que dirige Daniel Arroyo sino también a las empresas que participaron de la licitación ya que para la PIA “se han verificado irregularidades que a todas luces resultan ser suficientes para dar inicio a un proceso penal” y se destacó que se habría usado “un esquema de concurrencia simulado en la invitación de distintas empresas pero que en realidad pertenecían a los mismos grupos económico, concentrando de ésta forma las adjudicaciones. Todos los oferentes invitados fueron adjudicados”.
Las adjudicaciones cuestionadas generaron para la PIA “un beneficio a las empresas adjudicadas, sino a su vez se habría identificado una ganancia superlativa al aplicarse al caso del 97 aceite comestible y el azúcar un sobreprecio que supera prácticamente el 62%”.
Para el fiscal, el Ministerio de Desarrollo Social, “permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público”.
En el Decreto firmado por el fiscal Marijuan y con el que se dio apertura el investigación se señaló que sobre los adjudicatarios, “existirían vinculaciones entre las sociedades que fueron invitadas a la contratación pública, determinándose que algunas de ellas pertenecerían a un mismo grupo de personas”.
De esta manera ocurría, según la denuncia con el caso de las firmas de las firmas “Teylem S.A.” y “Forain S.A.” en las que sus accionistas serían la familia “Lusardi”. Estas dos compartirían el domicilio declarado (calle San Martin 66 Piso 4ª dpto. 410 de esta Ciudad), al mismo tiempo que sus apoderados resultarían ser las mismas personas.
También se expone la vinculación que podría existir con la sociedad “Blue Catering SA” “la cual posee su domicilio en el mismo inmueble declarado por las anteriores. Por otra parte, en el caso de “Equis Quince S.A.” se advirtió que tuvo como empleado a Roberto Fernando Lancestremere, quien actualmente resultaría ser apoderado de “Teylem S.A.”.
La Fiscalía remarcó que otro dato relevante que se expuso es el hecho de que el Presidente de la firma “Forain S.A.” también ostentaría ese cargo en la sociedad “Equis Quince S.A.” En cuanto al grupo empresarial que está siendo allanado, la denuncia sostuvo que este grupo de empresas vinculadas conformada entre “Copacabana S.A.” y “Nomerobo S.A”, “comparten a sus directores y responsables -de apellido Assisa-, contando con el mismo domicilio ubicado en la calle Paraguay 419 de esta Ciudad”. La firma M.H. Accurso SRL -adjudicataria en uno de los casos- cno habría sido invitada sino que se presentó de forma directa”.
Por otro lado, se agrupó a las sociedades “Sol Ganadera S.R.L.” y “Alimentos Generales S.A.”, ambos presuntamente de propiedad de la familia Toscano. Concluye ello el denunciante ya que Federico Andrés Toscano y Suyay Anahí Toscano serían los cuotapartistas de la primera empresa nombrada. Respecto de la segunda –“Alimentos Generales S.A.- esta pertenecería al nombrado Toscano y a Roberto Ricardo Toscano, declarando ambas firmas el domicilio de la Avenida Corrientes 1327, Piso 4ª Dpto. 15 de esta Ciudad.
Algunos ejemplos citados por el fiscal que tomó declaraciones testimoniales a productores de alimentos. La comparación resulta ser más llamativa cuando se tiene en cuenta que el programa del Gobierno Nacional de precios máximos estipula que el aceite ideal no podría ser comercializado a más de $ 98 pesos.
“Es aquí, donde claramente se advierte la posibilidad de haberse adjudicado a las tres firmas mencionadas con un valor holgadamente por encima al de mercado”, indicó la PIA y explicó: ” Los productores venden a los intermediarios el aceite marca Ideal a $ 83,40, marca Casaliva a $ 82.28 y marca Indigo entre $ 95 y $96. Precios finales con impuestos incluidos”.
Sin embargo, el Estado “adjudicó esas mismas marcas en las sumas de $ 157,80, $ 158,67 y $ 166,58, en las mismas condiciones de cantidades, plazo de pago y lugares de entrega”. Así, la diferencia llega al 100% en alguno de los casos. Tal cuestión no supera ningún razonamiento de sentido común”.
“Números suficientes a la hora de contemplar la posibilidad de un sobreprecio”, sostiene la denuncia penal, se ejemplificó con otro rubro. La empresa Copacabana S.A. fue adjudicada en una compra19 del propio Ministerio por 480.000 kilos de azúcar marca “La 18 muñeca”, “idéntico producto que en el hecho aquí denunciado- pero en esa ocasión a un valor de $57,17 la unidad”.
Es decir, que no sólo el Ministerio “conocía el valor real del producto, sino que la empresa oferente tenía plena conciencia del abultado monto por el cual había ofertado”.
Así es que el productor de la marca de azúcar La Muñeca, vende a los intermediarios el paquete de 1 Kg a $46.58, “mientras que el Estado adjudicó esa misma marca a $ 74,97 y a $ 75,20 en las mismas condiciones de cantidades y plazo de pago. Impactante”, sostuvo Rodríguez.
En tanto, Desarrollo Social se tomó diez días para iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades sobre la operación que fue denunciada por el fiscal Rodríguez. La investigación en la cartera que dirige Daniel Arroyo se inició tras una orden de la PIA que además, se constituyó como acusadora. La situación devino en la renuncia de quince funcionarios que habrían participado del circuito administrativo.
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