El Gobierno denunció por espionaje ilegal contra 500 periodistas, políticos y empresarios durante la gestión de Mauricio Macri

de Cambiemos por la presunta “producción de Inteligencia ilegal” y recopilación de información de periodistas, dirigentes políticos, empresarios, referentes sociales y académicos.

Se trata de unas 500 personas que, según la hipótesis de la ex fiscal, habrían sido víctimas de un espionaje ilegal del que serían responsables el ex presidente Mauricio Macri; y el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; y su número 2, Silvia Majdalani. 

Mirá también

Mirá también

Citan como testigos a Cristina Kirchner y Rodríguez Larreta en una causa por supuesto espionaje ilegal

La denuncia se gestó a partir de una documentación que el equipo de colaboradores de Caamaño encontró, a fines de enero, en una caja fuerte. Al abrir tres sobres, rotulados como “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”, hallaron 403 fichas de periodistas que habían solicitado la acreditación para la cumbre del G-20 que se realizó en Argentina en 2018.

También encontraron 28 fichas de referentes del mundo académico y 59 de empresarios y dirigentes de la sociedad civil confeccionadas por la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se realizó en 2017.

La denuncia fue sorteada y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi; e intervendrá la fiscal en lo Criminal y Correccional Federal N°10, Paloma Ochoa.

Martínez de Giorgi ya trabaja en una causa que se inició días atrás, también por una presentación de Caamaño, por espionaje sobre correos electrónicos privados de referentes políticos, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales. Los apuntados, del mismo modo, son Macri, Arribas y Majdalani. 

Según las actuales autoridades, la AFI violó el artículo 4, inciso 2, de la Ley 25.520 de Inteligencia, que establece que ningún organismo de Inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Mirá también

Mirá también

La jueza Figueroa identificó a Mahiques como el autor de una gestión sobre el pacto con Irán pero dijo que “no fue una intimidación”

“Si un periodista es ó no opositor del Gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20”, fue el planteo que hizo Caamaño en el escrito que presentó ante la Justicia.

Casualidad o no, en su paso por La Pampa, el Presidente aludió al espionaje ilegal, aunque sin dar mayores precisiones: “La mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el Gobierno no los va a espiar y que van a poder ejercer su tarea con total libertado”, aseguró. 

Según fuentes cercanas a Caamaño, el listado lo integran redactores, cronistas de radio y televisión, camarógrafos, productores y fotógrafos. “Hay nombres de todo calibre”, resumieron, en medio de un absoluto hermetismo.

En Casa Rosada anticiparon que el próximo lunes la interventora aportará a la causa toda la documentación, que contendría fichas con el perfil ideológico de los periodistas, con un análisis detallado de sus intervenciones en redes sociales y sus presuntas preferencias políticas. Hay periodistas, varios de renombre, que fueron acusados en esos informes de ser afines´u opositores al gobierno de Cambiemos y también señalados por su oposición o preferencia por el kirchnerismo. A priori, se trataría de recopilación de información volcada en redes sociales. 

En cuanto a los empresarios y referentes que se anotaron para la conferencia de la OMC, habría información privada: datos bancarios, vínculos familiares, nombres de sus empleadas domésticas, propiedades, vehículos y sociedades comerciales que integran. 

En cuanto a los movimientos sociales, también surge un informe de Inteligencia realizado sobre distintas organizaciones que presuntamente tenían previsto manifestarse durante los eventos. Entre los mencionados aparecen el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”.