El 28 de mayo, Graciela Olave falleció esperando el resultado de su test PCR. Había presentado síntomas durante la semana, pero estaba estable, según informó a su hijo la residencia para
adultos “Génesis” de La Cisterna. Esa mañana necesitó oxígeno, pero cerca de las 18:00 hrs. empeoró. Alberto Noya, su hijo, llamó al 131 y desde el hogar se contactaron con el CESFAM Santa Anselma, pero “nadie pudo ir, estaban colapsados, todos llenos, nos dieron a entender que como era una persona mayor estaban viendo a personas más jóvenes. Se entiende, si lo miro fríamente yo lo entiendo. A las 10 de la noche mi madre estaba muerta, no aguantó más”, relata Noya.
Días antes, desde el hogar “Génesis” le informaron a los familiares que habían sido inspeccionados por la Seremi de Salud de la RM, debido al foco de contagio que había en la residencia y las medidas que se estaban tomando para proteger a los residentes. En un comunicado señalaron: “Nos dieron la información de que, si un paciente se agrava, lamentablemente no podrá ser trasladado a un servicio de urgencia”.
Desde la residencia explican que prefirieron advertirles a las familias de una “realidad, uno llama al SAMU, a los Cesfam y a las urgencias y nos dicen que no vendrán, no son prioridad, menos si están postrados o con alzheimer”. Señala que no fue una comunicación oficial de la Seremi de Salud, pero que “en pocas palabras eso nos dijeron, en la visita”. Desde la Seremi de Salud de la RM indican que no es una directriz que haya dado la autoridad sanitaria, y que la responsabilidad de hacer el contacto con los servicios de salud es de los directores técnicos de los ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores).
Al día siguiente del fallecimiento, los hijos de Graciela recibieron el resultado del test PCR: era positivo para COVID-19. A pesar de que el médico puso en el acta de muerte COVID-19, cuando Alberto fue al Registro Civil, con el resultado PCR en mano, no escribieron “Coronavirus”, “COVID-19” o “Sars Cov-2” en el certificado de defunción. En el documento figura con muerte por “paro cardio respiratorio”. “Nosotros tuvimos que explicarle a la funeraria y al cementerio que ella era COVID-19”, explica Alberto, quien quiere que se incluya a su madre dentro de las víctimas por Coronavirus.
El caso de doña Graciela es parte de una cifra de fallecidos por coronavirus que no ha sido transparentada por el Ministerio de Salud. Se trata de aquellas personas que no alcanzaron a llegar a una urgencia hospitalaria; muchas, porque la ambulancia no pudo concurrir a tiempo. Como lo fue el caso de un vecino de 49 años, en Lo Espejo, que estaba contagiado con COVID-19. El hombre falleció en la calle, mientras intentaba llegar a un CESFAM. Los vecinos señalaron que la ambulancia llegó tres horas después de que había muerto.
Al igual que el sistema de urgencia y las camas de las unidades de cuidados intensivos, la red de ambulancias de la Región Metropolitana también está a tope. La alta demanda queda evidenciada en los llamados al 131, que se han duplicado debido a la pandemia. Llegan a los 4 mil diarios y la gran mayoría corresponde a casos por Coronavirus. La otra razón es la alta retención de ambulancias en las urgencias hospitalarias, las que son utilizadas como camas provisorias para los pacientes, mientras se logra encontrar una cama. Esta espera puede llegar a las 9 horas en el sistema público de salud.
Jorge Ramírez es el Médico Regulador del SAMU Metropolitano desde hace 10 años. Señala que “los pacientes fallecidos en domicilios han aumentado. En un turno habitual uno sabe que hay 3 ó 4 fallecidos, personas mayores, pero ahora llega sobre las 12 personas y pacientes muy jóvenes. Esto pasa porque no alcanzamos a ir o las personas no llamaron al momento indicado. Es dramático, muchas veces llamamos una o dos horas después, para verificar porque por urgencia no estaba en estado tan grave la persona, y luego el paciente ya está fallecido”.
Ante el aumento de la demanda y la falta de dotación de ambulancias la priorización de los casos se ha hecho una constante. “Es lo que hacemos siempre, pero ahora es más dramático. Si tienes 20 ambulancias y 40 solicitudes, priorizar cuál va primero y cuál después, pero el SAMU nunca rechaza ir. Cuando hay pacientes añosos o postrados, que están institucionalizados en una residencia, que tienen un médico jefe, frente a pacientes jóvenes, sin patologías, se les va a priorizar”, reconoce Jorge Ramírez.
El médico regulador del SAMU asegura que el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales deben dar “directrices claras, porque los traslados entre hospitales son relevantes, pero son personas que ya están bajo cuidado médico. Nuestra principal preocupación es la gente que no está bajo cuidado médico y que teniendo un mínimo manejo podrían tener una oportunidad, principalmente pacientes jóvenes”.
Falta de dotación
Uno de los principales problemas que tiene actualmente el sistema de ambulancias de la RM es la falta de dotación, la cual no se ha visto reforzada a pesar de la pandemia. Actualmente el SAMU de la RM cuenta con 40 ambulancias, la mitad de ellas son de alta complejidad. Además, tienen un sólo médico de turno, el que es trasladado para los casos más urgentes. A esta red se suman unas 250 ambulancias de la Atención Primaria de Salud, la que son de baja complejidad, que han sido reforzadas por sistemas de traslado contratados por los municipios, como en Maipú, en donde han adquirido 9 ambulancias básicas.
La otra dotación proviene desde los hospitales, que principalmente trasladan pacientes ya ingresados a la red salud, y el sistema de ambulancias de las clínicas y hospitales de las Fuerzas Armadas. A pesar de que el sector privado ha sido unificado con el público a nivel de camas UCI, esto no se ha trasladado a otras áreas, como la de las ambulancias.
En marzo, el capítulo médico del SAMU Metropolitano envió la solicitud a sus superiores para expandir la flota y mejorar la coordinación con las ambulancias de los SAPUS y del sistema privado. “En el Diario Oficial apareció un decreto en que el SAMU se hacía cargo de los traslados de toda la red integrando los prestadores privados, en la práctica eso no ha ocurrido, o ha ocurrido con muchas limitaciones”, explica Jorge Ramírez. Señala que no tienen “un sistema que le podamos exigir o mandatar” al sistema privado.
Esto también ocurre con los hospitales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Un funcionario hospitalario de estos recintos señala que “hay un enfoque prioritario para los beneficiarios de Capredena”. Explica que las ambulancias están “reservadas” para aquellos que tienen “convenio directo con el hospital”. Pero un ejemplo de esta falta de coordinación es el caso de otro de los adultos mayores fallecidos en la “Casa de Reposo Génesis”.
La administradora del hogar relata que uno de sus residentes era beneficiario de Capredena, y enfermó con COVID-19. No estaba grave, pero, necesitaba oxígeno, el cual no tenían disponible en el hogar. Contactó al Cesfam más cercano y al SAMU, pero no pudieron asistir dado a la saturación del sistema. Tuvo que llamar a un Hospital de las FF.AA. “Lo vinieron a buscar, pero después me lo mandaron de vuelta porque no estaba grave, finalmente ellos son la última prioridad”, cuenta. Al día siguiente falleció.
El Mostrador se contactó con el área de comunicaciones de los Hospitales pertenecientes a las FF.AA, para conocer el manejo del sistema de ambulancias, pero no obtuvo respuesta.
La espera
La falta de dotación no es la única razón de la saturación del sistema público de ambulancias en la RM. Uno de los puntos más complicados es la retención de las ambulancias en las urgencias de la red hospitalaria. Luis Enberg, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, explica que las urgencias atienden por gravedad del paciente, no por forma ni hora de llegada. Esto hace que muchos de ellos deben esperar largas horas en las ambulancias para ser ingresados.
Enberg explica que una de las prioridades es que “se debe evitar llevar al paciente al hospital saturado, porque si no se va a generar una cola innecesaria. Es una de la solicitudes que se le hizo a la autoridad sanitaria, que ojalá el SAMU pueda derivar al paciente a un centro que pueda recibirlo. El SAMU a veces lo logra hacer, pero las ambulancias privadas es más difícil”.
Uno de los problemas que “no existe un gran centro regulador que maneje tanto las ambulancias privadas como las públicas, dependen de la comunicación de cada centro regulador con el hospital de destino”, señala el presidente de la SOCHIMU. Actualmente la coordinación se hace a través de la UGCC (Unidad de Gestión Centralizada de Camas), pero “para que se haga esa gestión el paciente ya debe estar hospitalizado. Si no hay espacio dentro del sistema público de salud se empieza a buscar otro lugar para trasladarlo, pero eso se hace a través de Unidad de Camas Centralizadas. No existe un paso previo, en caso de un hospital muy sobrepasado, la ambulancia no puede llegar y trasladarse a otro recinto hospitalario”.
El Médico Regulador del SAMU Metropolitano coincide con Enberg, e indica que “cuando un paciente se inscribe en una urgencia pasa a ser responsabilidad del médico a cargo de la urgencia y nosotros -ambulancia- no podemos irnos sin ser evaluados. Lo que hemos hecho últimamente con pacientes graves es que estamos yendo directamente a las clínicas con pacientes FONASA o al revés, hemos llevado a pacientes Isapre al hospital más cercano. Pero para eso no hemos tenido directivas clara de qué hacer desde el Minsal”.
Esta falta de coordinación y claridad de un sistema que depende directamente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha traído consigo un gran desgaste dentro de los equipos médicos de las ambulancias. La espera en las urgencias o los traslados de pacientes a regiones, por tierra o avión -que también dependen del SAMU-, significa una gran cantidad de horas “sin poder comer, sin agua, sin moverse, porque estamos con pacientes COVID”, señala un operador de ambulancia.
Ese es otro de los problemas que han podido observar. Durante el mes de mayo el SAMU Metropolitano realizó 140 traslados fuera de la RM, y 55 de ellas fueron “evacuaciones aeromédicas”. Eso significa que tanto el equipo de la ambulancia, como el transporte mismo estarán ocupados por entre 6 a 12 horas. Entre los funcionarios médicos del servicio existe preocupación y señalan que muchas veces estos “traslados pomposos” se han priorizado por sobre una asistencia en el hogar. “Trasladamos pacientes con poca probabilidad de vida ya institucionalizados, mientras hay gente joven que muere en su casa, sin asistencia porque no había una ambulancia disponible”, explican.
El Mostrador consultó al Minsal sobre el funcionamiento del sistema de ambulancias, pero no obtuvo respuesta.