En la tercera sesión virtual de su historia, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción este jueves al proyecto de regulación del teletrabajo, modalidad
impulsada principalmente en los últimos meses por la cuarentena contra el coronavirus.
La iniciativa, que tuvo dictamen consensuado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, recibió 214 votos afirmativos, uno negativo y 29 abstenciones.
El proyecto establece los presupuestos mínimos de esa modalidad de tareas, como la garantía de derechos laborales, tanto en cuanto a la definición de una jornada como al derecho a desconexión, la intimidad del domicilio y la posibilidad de revertir esa modalidad y volver al sistema presencial.
En ese sentido, sostiene que las regulaciones específicas “se determinarán para cada actividad mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.
La modalidad de trabajo a distancia “debe ser voluntaria por consentimiento escrito y puede ser revertida con una notificación por el trabajador”, que podría regresar así al trabajo presencial, se aclara.
Desde distintos sectores de la oposición cuestionaron que esta iniciativa -en caso de ser aprobada en el Senado- se pondría en marcha recién 90 días después de finalizada la cuarentena.
Otro punto clave es que se garantizan los “derechos colectivos” de los trabajadores e igual representación sindical a la del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial.
La diputada Vanesa Siley, presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara baja, explicó que el derecho de desconexión establece que un trabajador tiene “culminada la jornada, o sea que se puede apagar tu celular, cerrar la plataforma online en la que trabajás; y la otra cara es que no te sigan escribiendo Whatsapp, dando órdenes, instrucciones, tareas”. “Está expresamente dicho que no podrá ser sancionada la persona que hace uso de su derecho”, agregó.
En su discurso como miembro informante del proyecto, recordó que “la primera iniciativa -sobre el teletrabajo- se presentó en el año 2002” y agregó: “Con esta legislación se busca regular un régimen de trabajo que hoy se nos vino encima por la pandemia, pero que ya existía. Muchos diputados habían intentado que se trate”.
“Después de analizar los veinte proyectos que fueron ingresados a la Cámara, la mayoría esta año, la conclusión es que hay un interés social de que este tema se regule”, completó.
La diputada oficialista destacó que el proyecto “tiene que ver con trabajadores, con el sector privado y con el estado” y que “hay un interés muy grande de todos los bloques para que tenga perspectiva de género”.
“Hay un interés contrapuesto porque la relación del trabajo es entre parte desiguales; y la intención es que se proteja la parte más débil; que sea una legislación protectora del trabajo”, agregó.
En su discurso dijo también que “salió un proyecto del consenso que protege a los trabajadores que lo hacen desde su casa”.
“El teletrabajo es una modalidad laboral que necesitaba ser regulada, porque todo lo que no se regula queda a favor del más poderoso “el empleador- , por su propia fuerza en la relación”, aclaró. Por último, dejo en claro “la importancia de los derechos sindicales en el proyecto consensuado”.
Desde la izquierda, rechazaron el proyecto consensuado y impulsaron su propia iniciativa. “Las casas de muchos trabajos y trabajadoras no estuvieron pensadas como oficinas. Las patronales no garantizan la conectividad, el pago de herramientas o los servicios”, argumentó Nicolás del Caño.
A su turno, Facundo Moyano (Frente de Todos) aseguró que la iniciativa establece “derechos básicos” para que luego las convenciones colectivas puedan definir cuestiones puntuales de cada actividad laboral.
Al hablar en el recinto, Moyano afirmó que “no fue fácil articular entre diputados de diferentes extracciones políticas y diferentes ideologías, ni tampoco con las posiciones que expresaron sindicalistas y empresarios”.
Facundo Moyano estuvo presente en el recinto.(Foto: Juan Manuel Foglia)
“Nos trajeron inquietudes sobre la posibilidad de regular la cantidad de trabajadores que podían hacer su tarea con esta modalidad, pero establecimos pautas sobre derechos básicos, para que luego en las convenciones colectivas sepan dónde pararse”, señaló el legislador sobre el desarrollo que tuvieron las discusiones en la comisión de Legislación de Trabajo.
Recordó que “la presentación del primer proyecto fue en el 2002, y ahora, después de 18 años, estamos por sacar media sanción a un proyecto que establece pautas mínimas esenciales para una modalidad de trabajo”.
Estos son los aspectos centrales del proyecto:
-Se considera al teletrabajo cuando la tarea se realiza en forma parcial o total en el domicilio, o en lugares distintos al establecimiento de la empresa.
-Se establecen los presupuestos mínimos que deben cumplir trabajadores y empleadores y deriva aspectos puntales a los convenios colectivos.
-Los teletrabajadores tendrán los mismos derechos -salarios, licencias y vacaciones-que aquellos que lo hacen en forma presencial.
-La ley comenzará a aplicarse tres meses después que finaliza el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno para mitigar el avance del coronavirus.
-La jornada laboral por la modalidad del teletrabajo debe pactarse por escrito.
-Los trabajadores tendrán la misma jornada como si fuera presencial y se garantiza su derecho a la desconexión.
-Los empleados que acrediten tener a su cargo menores y adultos mayores tiene derecho a adecuar esa jornada.
-Se establece que es voluntario el traslado del trabajo presencial a la modalidad a distancia, salvo en ocasiones de fuerza mayor.
-El trabajador podrá revertir el trabajo a distancia y volver a su tarea presencial.
-Los empleadores deberán otorgar el equipamiento, las herramienta de trabajo y asumir los gastos de las mismas.
-Los trabajadores tendrán los mismos delegados que los empleados que lo hacen en forma presencial.
-Se incorporará esta modalidad de trabajo al listado de enfermedades de las ART.
-El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación deberá crear un registro donde se inscriban a las empresas que tienen trabajadores de esa modalidad.
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