85 organizaciones y más de 200 personas ligadas al mundo de la agricultura, emitieron una declaración con una serie de medidas que consideran debieran tomarse en el mediano y largo plazo
en medio de la crisis sanitaria que enfrenta Chile producto de la pandemia de covid-19.
En primer lugar, sostienen que las “medidas de protección social y apoyo a la agricultura deben ampliarse en respuesta a COVID-19 para proteger vidas y medios de vida y garantizar el acceso continuo a los alimentos y la resiliencia de los sistemas alimentarios”.
Piden además que las medidas tengan como foco a la población más vulnerable: “pueblos originarios, afro descendientes, migrantes, ancianos y ancianas, niños y niñas. Hay que diseñar un apoyo específico para aquellos que dependen de jornadas laborales informales (temporeras y temporeros) que no tienen acceso suficiente a los activos productivos y que no tienen ahorros y no tienen recursos para obtener seguros o fuentes alternativas de ingresos”.
“Un grupo particularmente vulnerable son los niños y niñas que asisten a escuelas rurales donde reciben sus alimentos a diario. Además de seguir garantizando la entrega oportuna de alimentos saludables a ellos, se debe revisar el Programa de Alimentación Escolar para avanzar a un programa contextualizado que promueva la alimentación escolar en base a la producción agroecológica de la agricultura familiar de los entornos cercanos a las escuelas. Una iniciativa como esta representa también una oportunidad de aprendizaje basada en la investigación-acción en el entorno local que vincule a estudiantes, currículum formal y territorio”, dice el comunicado.
También solicitan “fortalecer la capacidad y autonomía de los gobiernos locales, comunidades y sus organizaciones sobre acciones para promover la producción y alimentación sin problemas y funcionamiento del sistema. Esto incluye el generar espacios de diálogo genuinos entre municipalidades, productores, comercializadores, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y alzando la voz de los gobiernos locales en el ámbito regional y nacional”.
Acceso a la tierra y el agua
Por otra parte, los firmantes consideraron que una eventual nueva Constitución debe garantizar el acceso a la tierra y el agua, además de promover la educación agrícola que “ha sido abandonada en Chile”.
También piden “proteger las semillas tradicionales y de buena calidad de la agricultura campesina, identificándolas como un bien común de comunidades y territorios. Controlar la producción y distribución de semillas híbridas yprohibir el cultivo de semillas transgénicas. Así mismo, se debe regular e impedir la invasión del subsuelo en las áreas de propiedad campesina e indígena”.
Finalmente, solicitaron “ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como Acuerdo de Escazú), el cual va en directa relación a los intereses de la agricultura familiar y el futuro de las zonas rurales del país”.