El juez federal Julián Ercolini analiza el pedido del Banco Nación para convertirse en querellante en el expediente donde se investiga al Grupo Vicentin por presunta defraudación por 300 créditos obtenidos.
Así, la entidad estatal se convirtió en una de las principales acreedoras del gigante cerealero: el pasivo que los nuclea asciende a $ 18.000 millones. Hace días aceptó a la Unidad de Unidad Financiera (UIF) que denunció presunta maniobras de lavado en dichas operaciones.
Así, el Gobierno redobla la ofensiva contra la empresa. Si el juez acepta, el Banco Nación al igual que la UIF, podrán pedir e impulsar medidas de prueba contra la empresa.
En la causa se encuentran imputados al ex titular del Banco de la Nación Javier González Fraga, y los responsables de la firma Vicentín, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos a esa empresa.
Al considerar que es de los principales acreedores, el Banco Nación le pidió al juez Ercolini ser tenido en cuenta como querellante. Argumentó en su pedido que a raíz de los pedidos y otorgamientos de préstamos millonarios “sin las condiciones para concederlos y obtenerse”, se habría cometido una “defraudación a la administración pública”. El magistrado definirá en el inicio de semana si acepta a la entidad financiera como acusadora.
El Banco Nación es uno de los 2.638 acreedores admitidos por el Grupo Vicentin en el concurso preventivo de acreedores, que tramita en el juzgado a cargo de Fabián Lorenzini en Reconquista (Santa Fe). La deuda reclamada por todos los proveedores, particulares como entidades financieras es de casi $ 100.000 millones.
El BNA sostiene en su reclamo, el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin, “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas y sin fundamento alguno habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente, lo cual habría sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA”.
La hipótesis central del caso sostiene la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a “través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos”.
El Grupo Vicentin es la principal firma en el rubro de los cereales y oleaginosas, pero tiene inversiones en distintas actividades como la producción de biodisel, algodón, ganadería, hilandería, etc., ubicándose entre las primeras empresas del país “como consecuencia de un notable crecimiento que habría verificado entre los años 2015 y 2018”, se indicó en el expediente.
La UIF, que ya fue aceptada como querellante, pidió que se investiguen los movimientos de fondos con firmas radicadas fuera del país, sospechando operaciones de blanqueo. Aún debe aportar la información que respalde sus acusaciones al expediente.
La firma, principal aportante de la campaña electoral de Mauricio Macri, está bajo la lupa además por una ruta de U$S 800 millones que surgieron de una auditoría interna del Banco Nación, dinero receptado de una cuenta destinada a fondos por exportación y la fiscalía, sospecha que la entidad financiera no se cobró de allí parte de la deuda que se incrementaba mes a mes.
En el período bajo investigación, hay otro aspecto que contempla la denuncia: en el período referido “VICENTIN S.A. tuvo un considerable crecimiento aumentando notablemente sus ventas, lo que le permitió pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking en el año 2015, al sexto puesto general y primero en su actividad en el 2018, al mismo tiempo que verificó un aumento en sus pasivos, conformados por deudas con distintas instituciones financieras, entre ellas el BNA”.
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