La percepción del impuesto parece dejar atrás la racha de gran parte de 2023, según un informe de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.
La recaudación del IVA se incrementó un 0,5% durante el período enero-marzo y creció en términos reales por segundo trimestre consecutivo, de acuerdo al boletín económico de junio de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy).
La percepción del impuesto, que suele ser utilizado como un indicador para evaluar la evolución del consumo de bienes y servicios en el mercado interno, fue de 74.220 millones de pesos en el primer trimestre, lo que supone un 0,5% más en términos reales que igual período del año pasado.
El crecimiento se dio principalmente en la recaudación del consumo interno, que en el comienzo del año se incrementó un 2,11%, contrastando con la caída de 1,48% a finales del año pasado, algo que puede asociarse a la fuerte reducción de la brecha de precios con Argentina que derivó en un menor desvío de consumo hacia el país vecino.
Por otra parte, la percepción del IVA por importaciones tuvo un desempeño interanual negativo entre enero y marzo, con una baja del 2,87% con respecto a igual período de 2023, luego del fuerte incremento del 7,21% que se evidenció en el cierre del año pasado.
¿Es eficiente la recaudación en Uruguay?
A pesar de la mejora en la recaudación del IVA, desde la DGI consideraron que se podría percibir cerca del doble en ese impuesto y el IRAE, dos de los pilares fiscales en la estructura tributaria del país.
Un estudio realizado por Fernando Peláez, jerarca de la DGI, habló de una baja eficiencia recaudatoria, al señalar que se percibe cerca de un 41% menos en concepto de IVA y un 54% en concepto de IRAE de las potencialidades, según un cálculo del período 2019-2021
El informe habló de “brecha de recaudación, dividida en la “brecha política” asociada a tratos preferenciales entre los que se incluyen exoneraciones, regímenes simplificados, beneficios fiscales y deducciones extraordinarias, etc., junto con la “brecha de incumplimiento”. Para Peláez, del 41% que la DGI se perdió de cobrar, un 19% se explicó por la resignación convalidada por decisión política y un 22% fue por incumplimiento.
Fuente Ambito
