Hoy el Ejecutivo puede -y de hecho lo hace- no contestar a pedidos de información, señalan especialistas en la materia. En todo caso, uno de los problemas que detectan medios oficiales es la falta de filtros en los pedidos que dan lugar a abusos.
Así, se han recibido consultas sobre “la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas”, según señaló días atrás el vocero presidencial Manuel Adorni. Este funcionario precisó que durante la gestión de Javier Milei “se multiplicaron por diez” los pedidos de información pública. Se estima que en lo que va del año se recibieron 7.000 pedidos de información pública, según un estrecho colaborador del Presidente.
El portavoz aclaró que “el decreto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos. Además, no se ha recibido amparo ni judicialización por las respuestas”.
En su habitual conferencia, el portavoz sostuvo este martes:“Somos defensores de la información pública y de que ustedes tengan acceso a toda la información que atañe al desempeño del funcionario en diferentes actos, a lo que respecta al uso de los recursos públicos y eso no va a tener absolutamente ninguna limitación”.
Críticas
No lo señaló Adorni, pero en el oficialismo se escuchan críticas a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena, una funcionaria heredada de la anterior administración que, según entienden en el Gobierno, “no hace una adecuada recepción de los pedidos”.
En la Casa Rosada también se comenta que en la decisión de llevar adelante el decreto restrictivo mucho tuvo que ver el enojo del presidente Milei por lo que considera una invasión a su privacidad. Cabe recordar que la norma amplía las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía y establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.
En el Gobierno hay quienes creen que la ley específica (27.275, sancionada por iniciativa del expresidente Mauricio Macri) “tiene errores, copiaron la copiaron de una ley norteamericana, pero la información pública es sólo para los documentos públicos”. Agregan que “bajo la bandera de la democracia y el Estado presente, lo que termina sucediendo es que se diluye la esfera privada. Y por eso no se respeta lo privado. No es una discusión menor”.
Las últimas informaciones dan cuenta de que el Gobierno “está dispuesto a escuchar sugerencias”, pero también sostienen que “no habrá cambios en la normativa”. Al respecto confiesan que el decreto finalmente aprobado constituye “la versión más moderada porque había miembros del Ejecutivo que querían limitar aún más la información”.
El criterio que sustentan las autoridades es que los funcionarios durante el día se dedican a su tarea pública y desde el momento en que llegan a sus casas, sus actividades pasan al terreno privado. Ponen como ejemplo que “si un ministro cena con un empresario y resulta que ese empresario luego es favorecido en una licitación, ahí sí se podrá hacer una investigación, pero mientras esto no suceda el funcionario puede comer con quién quiera”.
Para otros funcionarios el problema pasa por la falta de sanciones efectivas a quien calumnie o injurie. Sucede que, por la falta de actualización, “las multas que hoy tiene un tope máximo de 30.000 pesos”. “Casi no tiene costo mentir u operar en contra de alguien”, afirman en la Rosada.
Fuente Ambito