El Frente Amplio (FA) comunicó que presentará en octubre un proyecto de ley para regular la financiación de los partidos políticos.
El proyecto tomará como base y modificará concretamente algunos lineamientos de uno anterior, que no prosperó en el Parlamento durante la pasada legislatura. Desde la fuerza opositora buscan que el mismo sea tratado una vez terminada la actual discusión de la Rendición de Cuentas.
El diputado frenteamplista, Mariano Tucci, aseguró este jueves en rueda de prensa que “los tiempos han cambiado (desde la ley actual)” y que “hay una serie de amenazas (en el Uruguay) a las que hay que anticiparse”, en referencia a la influencia del narcotráfico en las campañas electorales de otros países de Latinoamérica.
Principio de acuerdo entre el gobierno y el FA para tratar el proyecto de ley
Este jueves, la Comisión Especial con Fines Legislativos (para el Financiamiento de la Democracia) de la Cámara de Diputados se reunió para tratar modificaciones a la Ley 18.485, de 11 de mayo de 2009.
Acerca de esto, Tucci sostuvo que el FA busca un cambio en el régimen de trabajo de esta Comisión, para que la misma funcione de manera semanal a partir del 5 de octubre. Los partidos del oficialismo y el partido opositor habrían llegado a un principio de acuerdo para tratar el tema.
“Hay que tener en cuenta, no solamente mejorar la transparencia en los procesos electorales, sino también el financiamiento permanente de los partidos políticos”, apuntó Tucci.
El diputado del Partido Colorado (PC), Conrado Rodríguez, presidente de la Comisión, manifestó que todos los diferentes partidos políticos son conscientes de “las situaciones que se vienen dando en otros países”.
“Eso prende algunas luces de alarma y nos hace sentir la necesidad de aggiornar esta legislación del año 2009”, comentó Rodríguez.
El presidente de la Comisión Especial enfatizó el hecho de que todos los partidos políticos están de acuerdo en que deben existir mecanismos de contralor mucho más fuertes en el Uruguay, y que la Coalición Multicolor pretende que la Corte Electoral sea “el rector de todo el cumplimiento de la ley”.
Fuente Ambito