Cancillería emitió un comunicado conjunto donde pidió la liberación inmediata de Rocío San Miguel e insistió con el llamado a “elecciones transparentes”.
Uruguay manifestó su “profunda preocupación” por la situación democrática en Venezuela, después de la “detención arbitraria” en las últimas horas de de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, al emitir un comunicado conjunto con otros países de la región.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) realizó un “enérgico llamado” para las autoridades del país que conduce Nicolás Maduro a “liberarla de inmediato”, mientras instó a que se convoque a “elecciones transparentes y libres” en el corto plazo, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou ratificara que en ese país “rompe los ojos” que hay “una dictadura”.
En el comunicado, publicado de forma conjunta con los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, Cancillería exhibió “su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel”, mientras realizó “un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo rechazó las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y, junto a las otras naciones, reclamó “el pleno respeto a los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
La detención de la activista y la respuesta de Venezuela
San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país, bajo el argumento de investigaciones que está llevando a cabo el gobierno de ese país en relación con los casos de conspiración denunciados por Maduro el 15 de enero, durante la presentación de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, por los cuales fue detenida María Corina Machado, histórica líder antichavista.
En las últimas horas, la administración venezolana decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio un plazo de 72 horas para que el personal afectado a esa dependencia abandone el país, como respuesta a la postura que esa oficina de la ONU tras lo ocurrido con la activista.
Maduro justificó su decisión en el “impropio papel” que desarrolla en Caracas esa dependencia de Naciones Unidas. “Lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, cuestionó el gobierno venezolano.
Fuente Ambito
