Reunidos en La Matanza, analizaron las consecuencias del aumento de la pobreza y el avance narco en los barrios. Críticas a baja de la edad de imputabilidad.
Un grupo de jueces, representantes sociales y autoridades eclesiásticas, reunidos en La Pastoral Judicial, expresaron su preocupación por la situación social, el avance narco en los barrios. También cuestionaron el proyecto de baja de la edad de imputabilidad impulsado por el Gobierno. Lo hicieron durante un encuentro en San Justo, La Matanza, en el conurbano bonaerense. Pidieron una mayor presencia del Estado para atender las necesidades de la población.
La principal figura del encuentro realizado en el gimnasio Papa Francisco fue el monseñor Oscar Ojea, titular de la diócesis de San Isidro. Fue el anfitrión y el responsable de dar el discurso de cierre, donde advirtió sobre la necesidad de “tener una visión más crítica de las situaciones que aparecen en los medios, en los cuales parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores”.
“Debemos ver la película entera de esa vida para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilita la reinserción social de quienes han cometido un delito”, dijo Ojea.
Por su parte, el juez de la Cámara de Casación Penal, Juan Slokar, plantó su posición sobre la situación social y los proyectos punitivistas que se discuten hoy: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”. En este sentido, sostuvo que “la justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles”.
El narcotráfico fue uno de los temas del encuentro y su penetración en los barrios una preocupación. El monseñor Eduardo García advirtió que “a veces las políticas judiciales frente a las causas de narcotráfico son demasiado lentas y esquivas. Cerca de 40 mil causas hubo el año pasado por narcotráfico, de las cuales prosperaron nada más que 2 mil”.
Falta de justicia en los barrios y necesidad de más Estado
La situación social atraviesa un momento crítico, donde no alcanza el trabajo hecho por la Iglesia, explicó Ojea. A contramano de lo que plantea el Gobierno, sostuvo que “sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”.
El reclamo no sólo fue dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, sino también al Judicial. “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”, dijo la defensora de los Derechos de Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham.
En tanto, el procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, manifestó que “resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016″.
Fuente Ambito
